Las gravísimas sospechas que ha revelado la diputada del PP Ana Pastor no pueden pasar desapercibidas, ocultas por el revoltijo de pseudo-noticias que hacen de la vida política un lodazal caótico, lleno de ruindades. Pastor, que nunca se ha distinguido por la frivolidad en sus manifestaciones públicas, ha asegurado que se están produciendo anomalías en el voto de los emigrantes españoles que viven en Argentina de cara a las elecciones gallegas, que se van a celebrar el próximo fin de semana.

La vicepresidenta segunda del Congreso afirma que hay personas que están votando en ciertas oficinas argentinas que no reciben el correspondiente "certificado de voto", lo que podría provocar que se manipulasen los votos emitidos. Declaraciones que hace Ana Pastor en su blog personal, que han sido reproducidas por distintas agencias de noticias, y que son de una gravedad extrema. Porque no por ser comentarios que se producen con cierta frecuencia podemos acostumbrarnos a ellos como si pudieran formar parte del paisaje natural de unas elecciones. En modo alguno.

El simple hecho de que existan dudas razonables acerca de la posibilidad de que se puedan abrir los sobres y cambiar las papeletas de los votos, es una hipótesis que debe producir escalofríos a cualquier persona que se considere amante de la democracia. Si estas sospechas se corresponden con la realidad, si es cierto que no podemos estar seguros de que los votos que proceden de Argentina (y/o de otros países hispanoamericanos) sean votos "limpios", ¿cómo podremos aceptar sin rechistar el resultado de estas elecciones gallegas?, ¿qué tipo de legitimidad tendría el presidente electo?, ¿cómo llamaríamos al régimen en que están viviendo los gallegos?

Las declaraciones de Ana Pastor (insistimos, a quien no tenemos por una persona imprudente capaz de afirmar algo así sin pruebas fehacientes) deben ser investigadas de inmediato; deben acudir observadores imparciales a comprobar cómo están votando los españoles que viven en Argentina, debe emitirse un informe oficial que certifique que todo el proceso se ajusta a una escrupulosa legalidad, y sólo así podrían después celebrarse los comicios en las urnas y realizarse un recuento global de los sufragios. Todo lo que no sea eso supone avalar una situación que, de facto, invalida el resultado electoral.

Lamentamos que no haya medios de comunicación que tengan una postura editorial tan rotunda como la nuestra en este aspecto. Observamos, con cierta decepción, como este asunto ha pasado prácticamente inadvertido para otros diarios de información general. Allá ellos. Un periodista no es más demócrata porque diga obviedades de forma pomposa en algunas aburridísimas tertulias de radio, ni porque lleve agarrado por los dientes el carné que lo identifica como tal. El movimiento se demuestra andando; a la democracia se la defiende denunciando los ataques que pretenden convertirla en una pestilente demagogia, que es lo que empezamos a padecer.

Miércoles, 25 de febrero de 2009.