Critican al Ejecutivo de Pedro Sánchez de publicar una resolución ministerial “sin diálogo ni consenso” con las autonomías y “de espaldas” al sector
    Paloma Martín recuerda que el Congreso ha rechazado esta semana la iniciativa del PSOE de imponer zonas tensionadas

21 de marzo de 2024.- Los consejeros de Vivienda de las CCAA donde gobierna el PP avisan a la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, en la Conferencia Sectorial que no aplicarán el Índice de precios de referencia de alquileres. También han advertido que denunciarán al Gobierno de Pedro Sánchez “cualquier usurpación” que realice de sus competencias en materia de Vivienda.

Los consejeros de Vivienda han elevado sus críticas a la ministra y le han reprochado publicar una resolución ministerial “ni diálogo ni consenso” con las CCAA en un tema tan importante como es la vivienda, del que dependen proyectos de vida de miles de personas.

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible y máxima responsable de Vivienda del PP, Paloma Martín, ha recordado que este mismo martes el Congreso ha rechazado la propuesta del PSOE de instar a las comunidades autónomas a declarar zonas de mercado residencial tensionado, primer paso para poner en marcha el índice de precios de alquiler.

Martín ha denunciado la forma de actuar del Ejecutivo que ni siquiera consulta sus decisiones con expertos ni con el propio sector, que ha mostrado públicamente su rechazo tanto a la Ley de la Vivienda como al Índice de precios del alquiler.

Los consejeros de Vivienda del PP recuerdan a la ministra los “nefastos resultados” de la Ley de Vivienda, que ha llevado al sector inmobiliario a alcanzar precios máximos históricos tanto para la venta como para el alquiler de inmuebles. “El índice que nos impone ahora de forma unilateral este Gobierno profundiza aún más en los errores de la ley y ponerla en práctica significaría un gran descalabro del sector inmobiliario y no lo permitiremos”, ha señalado Paloma Martín.

RECHAZO A LA LEY

El Índice de referencia es una de las acciones estrella de la Ley de Vivienda, que ha dado lugar a seis recursos de inconstitucionalidad (presentados por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; los gobiernos de Madrid, Andalucía, Baleares y País Vasco; y el Parlamento de Cataluña), todos ellos admitidos a trámite.

Dichos recursos afectan a casi la mitad de los artículos y ponen el foco, entre otras cuestiones, en la vulneración del derecho de propiedad, en el control del precio de los alquileres, en los criterios de identificación de las zonas tensionadas y en la invasión de competencias autonómicas.

Además de los recursos de inconstitucionalidad, la Ley de Vivienda motivó un dictamen adverso del Consejo General del Poder Judicial, que incidía particularmente en aspectos como el "claro dirigismo de las instituciones autonómicas y locales", la "incisiva vigilancia” de la Administración en el uso de la vivienda por parte de los propietarios, o el “problemático encaje en el orden constitucional de competencias”.

Por su parte, el sector inmobiliario también ha mostrado su rechazo al considerar que el tanto la Ley de Vivienda como el Índice de precios de referencia de alquileres contribuyen aún más a la falta de oferta de viviendas en arrendamiento.

EXPERIENCIA FALLIDA

Paloma Martín ha explicado que topar los precios de los alquileres e intervenir el mercado no son soluciones eficaces para bajar los precios de los alquileres.  “Lo que necesita este sector es combatir el desfase crónico que existe entre oferta y demanda, y lo que hay que hacer es activar acciones para incrementar el parque de viviendas, como por ejemplo aumentar la disponibilidad de suelo”, ha subrayado.

También ha argumentado que este tipo de medidas de fijar precios máximos de alquiler ha fracasado en lugares donde se ha puesto en práctica, como por ejemplo en Berlín, Escocia o San Francisco.